Tengo un amigo abogado que se quiere especializar en temas de cambio de sexo. Considera que allí hay una verdadera mina de oro. El asunto que se ventila en los círculos transexuales bogotanos es que ahora un tipo que se cambie de sexo se pensiona más rápido. La pregunta obvia es quién en la vida ha venido cotizando juiciosamente como travesti. La respuesta es nadie, porque la idea no es cotizar, sino gozar la corta vida de un trabajador sexual de esta clase. Mi amigo leguleyo dice que él puede crear una fundación para reclutar pandillas de travestis y asociarlos. La idea es sacarle jugo a la norma: pensionarse por la vía rápida, es decir, convertidos en mujeres para todos los efectos legales. Si algún vago redomado se les quiere agregar, solamente requiere de hacerse cortar el pene. También la idea es favorecer a los que no alcanzan a pensionarse como meros machos, por la vía convencional. Para todo hay una salida en nuestro estado de derecho, dice mi amigo, sonriendo de oreja a oreja.
Tengo una amiga lesbiana que se quiere operar. Busca la asesoría de un abogado especializado. Su caso es el opuesto. Ella desea que le implanten un pene con todas las de la ley. A esto se le conoce como cirugía de reasignación de género. El problema es que ella se ve abocada a terminar convertida en un hombre de verdad. En ese orden de ideas, tendría que cotizar un total de 1.300 semanas y cumplir 60 años de edad. Estupefacta a más no poder, mi amiga no puede creer que ahora tenga que trabajar más, solamente a causa de quince centímetros más de piel y nervio que le agregarán en el quirófano, junto con el cambio de sexo en el registro civil y en la cédula de ciudadanía. A ese paso, me dice, mejor sigo como estoy. Sin duda que su calentura no está en las sábanas. Conservar su vagina intacta es su mejor negocio, al menos en términos de matemáticas actuariales pensionales.
Es un espinoso asunto de política pública. No basta, pues, una operación de cirugía menor, que dura veinticinco minutos y utiliza anestesia local. Tampoco basta un simple trámite notarial, mediante escritura pública, como en su ingenuidad lo promulgan los defensores de los derechos LGBTI. Lo que en el fondo está en juego es el tema del desempleo trans. Es bien sabido que los transexuales no cotizan como transexuales. Tienen otros trabajos, de corte informal. Son peluqueros, maquilladores, Djs, bartenders, meseros, vendedores de mostrador. La pregunta que surge ante Colpensiones es quién les va a garantizar el derecho al trabajo en su profesión. O mejor, en su género alternativo. O si el ministerio de trabajo se encargará de crear una bolsa de trabajo para transexuales. O si los transexuales que cambien de régimen pensional tendrán un trato preferente. O si la alcaldía mayor de Bogotá les concederá un subsidio trans en los buses de Transmilenio.
Se abre un nuevo capítulo en nuestro precario derecho trans. En el mundo hay legislación, doctrina y jurisprudencia trans. Hay política pública trans. Hay economía trans. Hay literatura y arte trans. Nos falta un viceministerio trans. O por lo menos una dependencia, adscrita a Bienestar Familiar. Mi amigo abogado espera que alguna universidad abra un programa de maestría en derecho trans, al cual pueda acceder con una beca otorgada por Human Rights Watch. Mi amiga lesbiana quiere viajar a la ciudad de San Francisco, California, y ser activista delegada en materia trans, en el congreso mundial respectivo, que desde ya se prepara para el 28 de junio de 2016. El problema es si se opera o no: trans o cruz. Su novia, que es una bonita ingeniera industrial, espera una decisión en firme.
